La ofensiva de la (ultra)derecha para intentar arrebatar al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez el escaño en el Congreso que logró en las elecciones generales de noviembre de 2019 por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife –ofensiva que concentra todos los elementos del ‘lawfare’ o guerra judicial para intentar hacer caer a un rival político mediante el uso y abuso de procedimientos judiciales de aparente legalidad– ha encontrado este viernes un aliado de última hora que le ha puesto la alfombra roja: el PSOE, en la persona de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo condenó a Rodríguez en una sentencia que pone en cuestión el ejercicio del derecho de manifestación –derecho fundamental reconocido en la Constitución– en España, pues lo condenó sin ninguna prueba objetiva y con dos votos particulares demoledores que anticipan una nueva condena a España por parte de Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.
Por si fuera poco, el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, ha querido ir más allá que la propia sentencia –que condenó a Rodríguez a una multa “de 90 días con cuota diaria de seis euros” que ya ha pagado–, para que el diputado se quedara también sin su escaño. Consciente de que Rodríguez no había sido condenado a dejar su escaño, Marchena no ha pedido expresamente a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que le arrebatara su escaño –pues es consciente de que si lo hubiera hecho habría prevaricado–, pero sí la ha presionado para que fuera ella quien lo hiciera, consciente también de que en este caso ya no sería él sino ella quien podría prevaricar. Y efectivamente ha sido ella quien de forma unilateral –sin contar con la Mesa del Congreso– ha decidido comunicar a Rodríguez que le ha quitado el escaño.
Lo que ha hecho Batet este viernes es gravísimo: ha arrebatado su escaño a uno de los 350 diputados del Congreso –una de las dos cámaras que, según la Constitución, “representan al pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” y son “inviolables”– y lo ha hecho sin que Marchena se lo haya pedido expresamente y sobre todo lo ha hecho contra el informe de los servicios jurídicos de la Cámara que ella misma preside, que refleja que Rodríguez ya ha pagado la multa y que “no cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado del Sr. Rodríguez”.
Pero ¿por qué lo ha hecho, si que el Supremo no ha condenado a Rodríguez a dejar su escaño es algo sin discusión jurídica, como evidencian los servicios jurídicos del Congreso, como evidencian los miembros de la judicatura, la fiscalía y la abogacía que se han pronunciado sobre el tema en artículos de prensa o en redes sociales y como evidencia incluso el propio Marchena al no atreverse a pedir expresamente a Batet que arrebatara al diputado de Unidas Podemos su escaño?
Un ariete político y otro mediático
Porque en los casos de ‘lawfare’ –y este lo es– lo jurídico es lo de menos, lo decisivo –además del uso y abuso de procedimientos judiciales de aparente legalidad– es un ariete político y otro ariete mediático, conjurados con el doble objetivo de convencer a la opinión pública de que Rodríguez ha sido condenado a dejar su escaño –lo cual es absolutamente falso– y presionar a Batet para que se lo arrebate, que es lo que ha hecho. El político está liderado por el PP –refundación de Alianza Popular, partido fundado por seis ministros de Franco y un procurador en las Cortes franquistas– y por su escisión ultraderechista: Vox, que ha llegado a reivindicar en el propio Congreso los gobiernos del franquismo. PP y Vox han votado a favor de arrebatar el escaño a Rodríguez –en contra de lo establecido en el informe de los servicios jurídicos de la Cámara– y han protagonizado diversas ruedas de prensa presionando a Batet para que lo haga. En cuanto al mediático, esta vez ha englobado a la práctica totalidad de los medios de comunicación con sede en Madrid, desde las webs ultras de Federico Jiménez Losantos o Eduardo Inda hasta cadenas de televisión con aureola progresista como laSexta, propiedad de Atresmedia.
Cabe sospechar que la operación culminada este viernes estaba planificada, y se puso en marcha cuando la justicia española llamó a declarar a Rodríguez acusado de unos hechos –haber dado una patada a un policía durante una protesta en defensa de la educación pública celebrada en 2014– por los que ha sido primero condenado sin ninguna prueba objetiva y después desalojado de su escaño sin ninguna base en la sentencia.
Hemos asistido y seguimos asistiendo en vivo y en directo a una ofensiva desbocada de la (ultra)derecha no sólo contra el diputado de Unidas Podemos, sino también contra el propio Congreso surgido de las elecciones generales de noviembre de 2019 –las que desembocaron en el pacto de gobierno del PSOE con Unidas Podemos y en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo, facilitada también por otras formaciones de izquierdas como la catalana ERC o la vasca EH Bildu.
Pero es que quienes les han puesto la alfombra roja a Marchena, a PP y Vox y a la cloaca mediática que les hace los coros para que pasen por encima de un Congreso en el que no tienen mayoría han sido precisamente Batet y un PSOE cada vez más sometido a Felipe González, que en el 40º congreso federal del partido –celebrado el fin de semana pasado en Madrid– se abrazaba a Sánchez y reivindicaba abiertamente el régimen del 78 –incluida la propia etiqueta de “régimen del 78”, que antes no le gustaba pero ahora ya sí– y que este mismo lunes colocaba a Antonio Hernando como ‘número dos’ del Gabinete de Sánchez como presidente del Gobierno.
En la actual disputa por la dirección de Estado que libran dos bloques –uno de profundización democrática, republicano y progresista, y otro de involución neofranquista, monárquico y reaccionario–, el PSOE brujuleaba en mitad precisamente hasta la incorporación de González a la sala de mandos del partido, que es lo que todo indica que está detrás de este golpe de timón hacia las posiciones del bloque reaccionario, un golpe de timón que ha arrebatado sin base jurídica e injustamente su acta a un diputado de izquierdas elegido en las urnas, que ha puesto al Congreso –de mayoría supuestamente progresista– a los pies de la (ultra)derecha judicial, política y mediática –con todo lo que ello supone– y por el que Batet seguramente no pagará ante ninguna instancia española pero probablemente sí tendrá que hacerlo ante instancias europeas.
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