“La amenaza de muerte es un delito contemplado en la mayoría de las legislaciones modernas. La conducta típica consiste en causar o infundir miedo en una o más personas, con el anuncio de la colocación del sujeto pasivo o un tercero en una situación de riesgo o contingencia de muerte”. Eso dice la Enciclopedia Jurídica.
Nunca en la democracia española se habían registrado amenazas postales de muerte en periodo preelectoral. Se puede considerar por eso insólito que las primeras se hayan dado a finales del pasado mes de abril, en vísperas de las elecciones autonómicas convocadas por el gobierno autonómico de Madrid, después de una torpe y malograda moción de censura del PSOE y Ciudadanos, empecinado el primero en tratar con los socios de la derecha y la ultraderecha.
Es de hacer notar que las amenazas de muerte no se produjeron antes de que el vicepresidente segundo del Gobierno de España dimitiera de su cargo y decidiera presentarse a los comicios madrileños, ante la general sorpresa de la nación y el reconcomio de sus muchos maldicientes, sino después de que lo anunciara, con el consiguiente sobresalto en las derechas extremas. Fueron él, el ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil los primeros en recibir esas amenazas.
En el caso de Pablo Iglesias, la nota postal iba acompañada con cuatro balas de un fusil de asalto empleado por el Ejército español, pues la intimidación iba dirigida también contra su pareja, la ministra Irene Montero, y los padres del dirigente político. Posteriormente, otros destinatarios recibieron también cartas similares, sin que el servicio de detección postal funcionara como cabría esperar en estos casos, sobre todo cuando los sobres van dirigidos a altos representantes del Gobierno de la nación. La presidenta de la Comunidad de Madrid también tuvo el suyo, remitido una semana más tarde, obviamente desde Cataluña.
Han transcurrido casi dos meses de unas incidencias que ocuparon en su día las portadas de todos los medios de información y llenaron muchas horas de debate en los estudios de radio y en los platós de televisión. Se trataba, sin ninguna duda, de un asunto de la máxima gravedad en cualquier Estado democrático, y mucho más en uno en el que terrorismo perduró durante tantos años.
Pareciera, sin embargo, que dándose como se dan esas circunstancias, se hubiera cernido sobre ese terrorismo postal un espeso cendal de niebla, cuajada en un silencio u olvido informativos absolutos, como si todos los medios de comunicación se hubieran puesto de acuerdo con una unanimidad de criterio sorprendente. ¿A nadie le importa en qué puede quedar aquello?
Parece ser que no, por eso a la pregunta de si sabremos algún día la identidad de quienes remitieron aquellas cartas con balas en tiempo de votos, quizá no le quepa otra respuesta que la peor, en la posibilidad de que si esas amenazas de muerte quedaran impunes podríamos enfrentarnos en el futuro con una segunda edición de los hechos. Sobre todo, si se dieran similares circunstancias políticas a las que se dieron antes de los comicios madrileños.
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