La Ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal acaba su camino siendo aprobada en el Senado, pero con un agujero importante, según denuncian desde el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). Una de las principales propuestas del sindicato, aumentar sus competencias y responsabilidades para que los técnicos puedan investigar y perseguir las evasiones fiscales de multinacionales y grandes fortunas, ha sido rechazada.
Mediante dos enmiendas presentadas en el Senado por ERC-Euskal Herria Bildu y del grupo de Izquierda Confederal, se proponía la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, cuyas funciones serían “las correspondientes al inicio, desarrollo y propuesta de resolución, o resolución en su caso, de los expedientes administrativos y sancionadores relativos a la gestión, inspección y recaudación del sistema tributario estatal y del sistema aduanero, la gestión en materia de contabilidad pública, función interventora y de control financiero y auditoría en el Sector Público y la gestión catastral, excepto aquellas para las que sea preciso estar en posesión de título facultativo, adecuadas a los requisitos y pruebas para ingreso en este Cuerpo”.
Según justifican en la propia enmienda, la creación de este cuerpo habría permitido aumentar las responsabilidades del 83,4% de los funcionarios del grupo A que ejercen las competencias superiores en las áreas operativas de la prevención y lucha contra el fraude, el control de la legalidad en los Tribunales económico administrativos y el 90,8% de los funcionarios del grupo A con competencias superiores en la IGAE en las áreas operativas del control del gasto público y de las subvenciones. De este modo, dicho cuerpo se podría concentrar en la investigación tributaria de los delitos fiscales y fraudes más abultados, mientras que las personas particulares, trabajadores autónomos y pymes, preferentemente, podrían recibir cartas detallando las eventuales discrepancias para que puedan justificarlas o en caso contrario, presentar voluntariamente declaraciones complementarias.
“28 años después de la creación de la AEAT, al día de hoy, los técnicos de Hacienda solo pueden investigar a particulares, autónomos y a la mitad inferior del tramo de las pequeñas empresas”, denuncia el sindicato de técnicos que señala ese inmovilismo de la AEAT que “no ha querido adaptarse a la inflación ni a los procesos de concentración empresarial durante esos 28 años, que obliga a adoptar una medida legislativa para luchar contra la evasión más cualificada que la de los pequeños contribuyentes”.
Según explican desde GESTHA, el rechazo del aumento de sus competencias y responsabilidades hará inviable “taponar el agujero de 38.000 millones de euros que provoca la economía sumergida en España por el diferencial con respecto a la media europea”. Frente a las competencias que solicitaban, al no ser aprobadas las nuevas, los técnicos de Hacienda seguirán centrados en la comprobación y cobro de los fraudes de particulares, autónomos y pequeñas empresas, mientras quedarán prácticamente impunes las evasiones de multinacionales y grandes fortunas. “Se mantendrá intacto el agujero negro por donde se escapa el 70% de la evasión”, lamentan desde el sindicato.
“Hacienda ha vuelto a defraudar a los Técnicos del Ministerio de Hacienda, después de más de dos años y medio colaborando activamente en este proyecto de Ley para reforzar sus puntos débiles”, ha lamentado el presidente del sindicato Carlos Cruzado. “La limitación de competencias y responsabilidades que sufrimos en la actualidad pone en tela de juicio el cumplimiento del objetivo de la Estrategia 2050, presentada por el Presidente Pedro Sánchez, que prevé situar la economía sumergida en el 15% del PIB en 2030”, ha matizado.
No obstante, los técnicos de Hacienda reconocen que se han aprobado dos de las medidas estrella propuestas por GESTHA. En este sentido, por primera vez en España, expertos independientes evaluarán oficialmente la economía sumergida, el fraude fiscal y laboral y la elusión fiscal, por territorios, sectores económicos e impuestos, así como se aumentarán las plantillas en el Ministerio entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos en la administración financiera hasta equipararse en 2027 a la media europea. Si bien le resulta decepcionante que el grupo parlamentario socialista se haya opuesto en el Congreso y se haya abstenido en el Senado, respectivamente, a la aprobación de ambas medidas.
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