Cuando falta exactamente un mes para que España remita a Bruselas el plan de reformas definitivo que abriría la puerta a 140.000 millones de euros de los fondos europeos, la Comisión Europea ha pedido al Gobierno de coalición que emprenda una reforma laboral “integral y ambiciosa”. Junto con la reforma de las pensiones, los cambios en el mercado de trabajo son la “primera prioridad” de Bruselas para desbloquear estas ayudas para la recuperación.
Acabar con el alto desempleo juvenil y las altas tasas de temporalidad son dos de los retos que comparten tanto el Ministerio de Trabajo como las altas instancias europeas. Pero ahí terminan las coincidencias. Detrás de las declaraciones de Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea, se leen los temores de Bruselas de que el inicio del “desmontaje” de la reforma laboral vaya en serio.
En la reunión que mantuvieron los agentes sociales y el Gobierno el pasado 30 de marzo, todos los asistentes tenían en su mano un documento proporcionado por Trabajo. En él figuraban las prioridades del Ministerio para deshacer los “aspectos más lesivos” de la reforma laboral de 2012. Entre los primeros asuntos a tratar figura el fin de la prioridad que tiene actualmente el convenio de empresa sobre el convenio sectorial, que permite que los salarios y otras condiciones laborales de la empresa puedan ser inferiores a los del convenio sectorial. La prioridad del convenio de empresa fue instaurada por la reforma laboral de Mariano Rajoy, debilitó la acción de los sindicatos y permitió instaurar una devaluación salarial sistemática.
También figura en esta primera lista una serie de medidas para combatir la temporalidad y el abuso de la subcontratación. En este documento, Trabajo propone la reforma del Estatuto de los Trabajadores para que las empresas no puedan subcontratar a otras empresas para tareas que representan su actividad principal. Además, según publicó la Cadena SER, también se baraja prohibir a las subcontratas tener a su plantilla con contratos temporales.
Esta agenda no solo no gusta a Bruselas, que cree que estas medidas quitarán flexibilidad al mercado laboral, sino tampoco a las patronales CEOE y Cepyme, que enviaron a la mesa de negociación del martes 30 de marzo a meros técnicos, sin capacidad de negociar. Este gesto ha sido criticado por la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Mari Cruz Vicente, que ha lamentado “la ausencia ejecutiva de las organizaciones empresariales en un momento de gran trascendencia como este, donde una parte de las ayudas europeas depende de las reformas en materia laboral”.
La agenda de la patronal va por caminos muy diferentes. Una agenda que es compartida por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, quien señaló que había que mirar “hacia el futuro” y a las políticas activas de empleo y no al “pasado” de la reforma laboral. Para Trabajo, el diálogo social debe comenzar por la reforma de la subcontratación y la negociación colectiva. Para Calviño, la prioridad “es impulsar el crecimiento, recuperar a los trabajadores y atajar el desempleo juvenil, y eso supone centrarnos en reducir la dualidad que tenemos en el mercado laboral”, según declaraciones a Onda Cero.
“No toca derogar la reforma laboral ni subir salarios”, declaraba este 31 de marzo Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. En una entrevista en el diario económico Expansión incluso lanzaba una amenaza: “Si el Gobierno deroga la reforma laboral, lo hará sin el acuerdo de los empresarios”. Según su visión, compartida por Bruselas y la mayoría de los ministros del PSOE, subir los salarios o dar más poder a los sindicatos con la reforma de la negociación colectiva, herida de muerte tras la reforma del PP, atentaría contra la creación de empleo.
El secretario general de CC OO, Unai Sordo, también lanzaba una advertencia este 31 de marzo en Radio Euskadi: “Si no se quiere ir a un conflicto con los sindicatos se tiene que ir a un desmontaje paulatino de la reforma laboral y su sustitución por un modelo mucho más justo”.
Sordo aclaró que hasta ahora no tiene constancia de que el Gobierno no vaya a aplicar el programa de investidura y los compromisos adquiridos en materia laboral. Pero, admite, es en los plazos donde hay disparidad dentro del Gobierno de coalición. Mientras que hay un sector que muestra cierta urgencia por iniciar este “desmontaje” de la reforma laboral, “hay una posición que aspira a retrasar” los cambios.
Y estos cambios no pueden esperar, afirma Sordo. “Y no es por un capricho: hay un riesgo de que los salarios vuelvan a caer. Esto lo hemos parado con los ERTE, pero en ningún lugar está escrito que no pueda pasar lo mismo [que en la crisis de 2008]: aunque la economía crezca, esto puede ir aparejado de una amplia devaluación de los salarios porque hay una legislación que lo promueve y lo facilita”.
Esa es la razón, sostiene, por la que “urge tomar medidas sobre subcontratación o de preferencia de aplicación de los convenios de empresa sobre los sectoriales. Otros cambios, adelanta, requieren más tiempo, como aquellos que afectan a la temporalidad, que “no se solucionan con cambiar tres comas al Boletín Oficial del Estado”. Lo importante, señala el líder de CC OO es que cuando la economía vuelva a crecer, lo haga “de una manera equitativa entre la mayoría social, entre los trabajadores y trabajadoras que han soportado la crisis en los peores momentos de la pandemia”
Fuente:Bruselas, la patronal y la derecha del Gobierno
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