Basta ya de Estado policial!! Tres activistas republicanos que se manifestaron en 2014 bajo el lema "monarquía es dictadura y corrupción" se enfrentan a 18 meses de cárcel
"Me acusan de atentar contra la autoridad a pesar de estar tirado en el suelo", declara Ocampo. Él no entraría en la cárcel debido a que no tiene antecedentes penales. Aun así, incide en esta cuestión: "Eso es lo que menos me preocupa. Si me absuelven, estupendo, y si me condenan yo no voy a pedir clemencia al tribunal, que sean coherentes con su decisión, así que si consideran que he cometido un delito cumpliré la pena. Evidentemente, no quiero entrar en la cárcel porque tengo muchas cosas que hacer, pero me parece demencial que la gente condenada tenga que hacer ese paseíllo torero para pedir clemencia".
Es un "juicio político"
Pero el acusado también analiza lo que pasaría si la sentencia acaba siendo condenatoria: "Eso me desagradaría tremendamente porque significaría que el tribunal está corrupto. Un tribunal con un mínimo de objetividad y sentido de la justicia, si escucha los testimonios y atiende a las pruebas documentales, estaría prevaricando si al final me condena. Demostraría un tremendo grado de corrupción, y que pasara eso en un tribunal de cierto nivel, como es la Audiencia Provincial de Madrid, sí me entristecería". En este sentido, René Otaduy, portavoz de la Coordinadora 25-S, afirma que se trata de un "juicio político, pues cualquiera que observe las imágenes verá que es completamente absurdo plantear que las personas encausadas han sido las que han agredidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", en sus propios términos.
El colectivo considera que "si este juicio ha llegado hasta la fase oral es para tratar de criminalizar, encausar y juzgar al movimiento republicano". Por otra parte, Otaduy asevera que no les sorprende que el caso haya llegado tan lejos "viendo el comportamiento habitual del poder judicial en el Estado español, que está al servicio de la represión de los movimientos sociales y políticos, como ha quedado de manifiesto en tantas ocasiones". El portavoz argumenta esta aseveración alegando que España encabeza la lista de países del mundo con artistas encarcelados y juzgados por el contenido de sus creaciones.
Al fin y al cabo, han sido seis años de larga espera para Ocampo, quien en contra de lo que se podía esperar, declara que el proceso judicial no le ha influido en su día a día. "Mi familia fue represaliada por la dictadura franquista, yo viví sus últimos años como activista, como lo sigo siendo ahora, por lo que sé cómo actúa el Estado. Eso sí, sin la solidaridad de la gente, la Coordinadora y los colectivos que siempre me han arropado durante todos estos años, la situación hubiera sido mucho más difícil de llevar", reflexiona.
La monarquía, "caduca y corrupta"
La Coordinadora 25-S, convocante de aquella movilización de 2014, se reafirma en su pretensión. "La protesta sigue más vigente que nunca, pues por desgracia vemos cómo cada día aumentan los casos de corrupción, con cuentas opacas y tarjetas black, que afectan al conjunto de la institución monárquica, no solo a Juan Carlos I", en palabras de Otaduy. Ocampo también retrotrae el debate a la actualidad cuando afirma que "poco a poco se va comprobando cómo este régimen está caduco y corrupto. Ya no es solo un problema de democracia, sino también de ineficacia".
El portavoz de la Coordinadora aporta una visión más general a lo sucedido y comenta que "no es casual que este proceso se esté llevando a cabo en estos momentos, pues un régimen político que no logra crear en torno a su existencia una legitimidad social suficiente, la única vía que le queda para perpetuarse es mediante la represión". Ante la pregunta de si España es un país democrático, Otaduy responde que tan solo lo es "formalmente". Y arguye: "Vivimos en un régimen político que tiene grandes déficits democráticos en su legitimidad de origen. La monarquía mantiene una conexión directa con el franquismo, y la Transición logró mantener en las principales estructuras del Estado a los mismos protagonistas de la dictadura. Durante estas cuatro décadas de existencia del régimen del 78, a través del propio funcionamiento del sistema, ha quedado demostrado que ese déficit democrático va en aumento, tal y como lo demuestran casos como judiciales como este", concluye.
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