Cuando De Gaulle usó las leyes contra las ligas fascistas para disolver los grupos de extrema izquierda
Si bien el rechazo social a la dictadura y a la pervivencia de sus herederos han causado una acogida favorable, no han faltado las voces que alertan de los peligros de adentrarse en una senda punitivista que se acabe volviendo en contra de muchos de los que hoy aplauden la decisión del gobierno.
María Elena López Lafonte, madre de uno de los raperos de La Insurgencia condenados por el contenido de sus letras, señalaba que “la represión penal de las ideas y su expresión es una solución falsa. Cualquier recorte de derechos y libertades acaba perjudicando a los mismos y éste servirá para justificar la represión en otros casos, al tiempo”.
Lo cierto es que la medida implicaría objetivamente un endurecimiento del Código Penal y abre la puerta a mayores restricciones de la libertad de expresión más allá de los enaltecedores del franquismo. Quienes prometieron acabar con la Ley Mordaza nos presentan como primera medida legislativa en este terreno una propuesta que va en la dirección opuesta.
La advertencia que hace Lafonte ya la hemos visto efectivizarse con el artículo 510, que regulaba inicialmente los delitos de odio contra las minorías y que ha sido el empleado por jueces y fiscales para procesar a cientos de activistas del movimiento catalán por delitos de opinión sobre la policía. Además, un avance por esta senda no hace sino seguir echando candados para que otros artículos liberticidas que han sido cuestionados hasta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como el de enaltecimiento del terrorismo, sean derogados.
No faltarán jueces y fiscales que interpreten los nuevos artículos para perseguir a quienes expresen su apoyo a la Cuba de Castro, la Venezuela de Maduro o la experiencia y las conquistas de la revolución rusa de 1917. Ya Ciudadanos anunció ayer que brindaría apoyo a la iniciativa al considerar que ésta podría ayudar a combatir toda exaltación de cualquier régimen “totalitario”. Como dice Lafonte, “al tiempo”.
Un ejemplo histórico paradigmático
El ejemplo más paradigmático de como las medidas que fortalecen la capacidad punitiva del Estado terminan volviéndose contra la clase trabajadora y los sectores populares fueron los decretos para la disolución de las organizaciones paramilitares aprobados por la cámara de Diputados francesa en 1935. Se presentaron como una ley contra las ligas fascistas y contaron con el apoyo de los diputados estalinistas y socialdemócratas.
La misma ley podía aplicarse, y se aplicaría, contra los grupos de autodefensa de las organizaciones obreras, como los piquetes de huelga. Así lo señaló en su momento León Trotsky que consideraba que se debía votar en contra de todas “las medidas que fortalezcan al estado capitalista-bonapartista, aunque se trate de medidas que puedan causarles molestias temporales a los fascistas” y afirmar “que a medida que la lucha de clases se agrave, todas las leyes de emergencia, poderes extraordinarios, etcétera, serán empleados contra el proletariado”.
Para el revolucionario ruso esta posición, a diferencia de la de los diputados del PCF y la SFIO, hacía a los militantes de la Oposición de Izquierda “más previsores que los demás y que los acontecimientos posteriores confirmarán por completo nuestros vaticinios y consignas”, y así fue.
Las leyes contra las ligas fascistas de 1935 fueron el corpus legal empleado por el general De Gaulle para la ilegalización de los grupos de extrema izquierda el 12 de junio de 1968. Ese día aprobó un decreto que ordenaba su disolución y comenzó la detención de sus principales dirigentes. Cuatro días más tarde desalojaba la Sorbona, epicentro del mayo francés, y entre el 17 y el 24 de junio lograba acabar con las últimas empresas en huelga ocupadas por sus trabajadores.
Antes, el 25 y 26 de mayo, socialdemócratas, estalinistas y la burocracia sindical habían firmado los acuerdos de Grenelle para acabar con la huelga. Además desde el primer momento se sumaron a la criminalización a la juventud de las barricadas. Las leyes que fortalecieron al Estado burgués tres décadas antes, sirvieron entonces para reprimir a los que no quisieron ser parte de aquellos acuerdos. Sus votos de los años 30 sirvieron a finales de los 60 para culminar el cierre de la mayor huelga general de la historia de Europa.
Intentar justificar una medida como la anunciada ayer por Lastra, y apoyada por Iglesias en su entrevista en Al Rojo Vivo, como un antídoto para frenar el ascenso de la derecha, tampoco se sostiene. El mejor ejemplo es Alemania, presentada como el “modelo” de las tesis punitivistas. A pesar de la prohibición de la exaltación del nazismo, esto no ha evitado la progresión de Alternativa por Alemania.
No lo ha hecho, porque en ningún caso el Estado va a liquidar ni a la derecha populista, ni a la extrema derecha, ni siquiera a los grupos fascistas. Puede tomar medidas para controlarlos parcialmente, y en especial aquellos sectores “exaltados” que podríamos decir se adelantan a su hora. El recurso a salidas autoritarias o fascistas por parte del Estado capitalista no es un capricho, sino una solución extrema que se pone en marcha cuando tiene una amenaza revolucionaria a la que hacer frente.
¿Cómo combatir a la extrema derecha?
No estamos hoy en esa situación. Pero eso no implica tampoco que se vaya a aislar por completo a la extrema derecha o a grupos aún más ultras, como el mismo Trotsky planteaba para la Francia de los 30 se les podrá “soltar un codazo derecho a las pretensiones excesivas de los fascistas” pero “jamás (se les) liquidará, ni siquiera aislará totalmente, al fascismo, porque le sirve para mantener a distancia a su verdadero enemigo, el proletariado revolucionario”.
La vía para combatir a esta extrema derecha no pasa pues por el refuerzo de la capacidad punitiva del Estado que la integra como una de sus alas. Pasa por desarrollar un movimiento independiente que combata todas sus expresiones.
Que retome la lucha contra la impunidad de sus crímenes que consagra la Ley de Amnistía de 1977 y la reaccionaria Judicatura, por el libre acceso a todos los archivos de la dictadura, por el juicio y castigo mediante jurados populares de Billy el niño, Martín Villa y los cientos de torturadores y responsables políticos, por el fin de la financiación y los privilegios de la Iglesias que consagraron décadas de nacionalcatolicismo o por el fin de la Monarquía, la mayor figura de continuidad y exaltación del franquismo y a la que este gobierno y todos sus ministros no dudan en aplaudir y pasar por el “besamanos”.
Pero también que pelee contra el nacionalismo español, apoyando la lucha del pueblo catalán y vasco por el derecho a decidir y la amnistía, que luche contra las leyes de extranjería y los CIEs que tanto PSOE como Unidas Podemos se han comprometido a mantener, o que expropie a todas las grandes fortunas y empresas que se enriquecieron a la sombra del Estado franquista, su legislación de guerra contra al clase trabajadora, el colonialismo o el trabajo esclavo.
Este sería un programa consecuente contra la extrema derecha y los apologetas y herederos del franquismo. Un programa que atente contra las bases del régimen y de la clase social para la que éste y la dictadura han seguido gobernando. Un programa que ni el PSOE, ni quienes hoy se han comprometido a ayudarle en esta nueva restauración del Estado heredero de la dictadura, estarán dispuestos a plantear.
Comentarios
Publicar un comentario