Es cierto que Pablo Iglesias explicaba a los medios durante la celebración de la Conferencia sobre Cambio Climático (COP25) que se celebró en Madrid, que la negociación programática sigue abierta y que para Unidas Podemos es fundamental cumplir los artículos de la Constitución que defienden los derechos sociales, a lo que añadió que poner límites a los fondos buitre y la escalada del precio del alquiler será un objetivo del próximo Gobierno. No obstante, del dicho al hecho hay un trecho y en la negociación parece complicado que vuelva a entrar una limitación estricta de las rentas de los alquileres en aquellas zonas más “calientes” de las ciudades, puesto que ya fue punto de fricción entre ambos durante el primer Gobierno de Sánchez, dando lugar a que el primer Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda fuera rechazado en el Congreso de los Diputados. Ahora bien, si se inicia un pacto de gobierno dejando en palabras lo que tendría que ser un acuerdo fundacional, sería un error fatal para Unidas Podemos, pues el problema de la vivienda es uno de los más graves para los y las ciudadanas españolas, al mismo tiempo que es uno de los mercados más suculentos para las élites.
La banca y los fondos de inversión (fondos buitres) gestionan en España más de 240.000 viviendas tras la oleada de ventas de los últimos años, poniendo en manos de los segundos más de 110.000 pisos y casas dedicados al alquiler y convirtiéndose así en los principales caseros del país. El principal operador en el mercado del arriendo es Blackstone, un banco de inversiones neoyorquino que gestiona 12.000 viviendas a través de Anticipa Real Estate, 5.700 con Fidere y 21.000 en Qasar, la sociedad con el banco Santander que se hizo con el principal paquete de inmuebles de Altamira y de Aliseda, procedentes de su socio y de Popular. También adquirió 6.400 millones en hipotecas tóxicas de Catalunya Banc y otros 4.500 pisos de Sabadell, lo que le sitúa por encima de los 40.000.
Le sigue en importancia Lone Star, el fondo tejano que acaba de hacerse con el 80% del negocio de Servihábitat (Caixabank), que acumulaba una cartera de 34.000 propiedades (7.695 en venta), aunque parte de ellos son trasteros y garajes, y con un paquete de 11.000 procedente de Bankia. Comenzó a expandirse en España hace cinco años y manejaba una oferta de 6.000, la mayoría de ellas procedentes de Kutxabank. Otro de los principales gestores de viviendas de alquiler, aunque a mucha distancia, es Azora, que ronda las 12.000 a través de Lazora (6.500), EnCasaCibeles (2.400), Tempore (1.400), Axa (800) e Hispania (750). Cierran el grupo de los grandes caseros Haya Real Estate con 14.000, Testa con 11.000, Altamira con 10.000 y el grupo sueco Intrum, que acaba de cerrar con Banc Sabadell la compra del 80% de Solvia, que mueve una cartera de 14.000 viviendas. El resto de las grandes marcas dedicadas al alquiler, como Vivenio, GreenOak, TH Real Estate, Varde Partners, Castlelake o Allegra, entre otras, suman 8.000 más.
De este modo, los grandes tenedores de vivienda son los bancos y los fondos de inversión, los mismos que al no ser intervenidos por los poderes públicos, hacen que el precio de la vivienda suba incesantemente. La finalidad es clara: cuanto más pisos estén vacíos y cerrados, más demanda de vivienda y de subida de precios habrá, hasta el punto de que las hipotecas vuelvan a ser el negocio frente al alquiler. Un juego redondo para los bancos, muchos de los cuales fueron rescatados con más de 60.000 millones de euros por haber especulado con las hipotecas. A pesar de que la relación entre bancos y el problema de la vivienda se hace evidente, los autodenominados expertos del sector de la vivienda consideran que una intervención del mercado supondría una caída drástica de la oferta ante una demanda cada vez mayor de pisos de alquiler, lo que daría a un mayor aumento de las rentas, obviando que la limitación del precio del alquiler es una medida que permite la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) e incluso obliga la misma Constitución Española del 78 (CE).
El artículo 25 de la DUDH cubre un amplio rango de derechos, incluyendo aquellos a una alimentación adecuada, al agua, al saneamiento, a la ropa, a la vivienda y al cuidado médico, así como a la protección social que cubra circunstancias ajenas a uno mismo como la invalidez, la viudedad, el desempleo y la vejez. Este artículo exige un esfuerzo por parte de las administraciones para asegurar la ausencia de miseria, uno de las cuatro libertades que el presidente de EEUU, Franklin Roosevelt, expresó en un discurso en 1941. Y es que la DUDH tiene cinco prioridades: los derechos a la educación, la salud, la dignidad, la igualdad y la vivienda. Hay quien considera que la intervención de los precios implica no respetar la propiedad privada y que, por ello, esto nos podría llevar a vulnerar el artículo 17 de la DUDH. Sin embargo, tendrían razón en el caso en que se requisara dicha propiedad, pero la limitación de precios tan solo evita la especulación de la vivienda, por lo que en la intervención de los precios del alquiler se mantiene intacto el artículo 17 de la DUDH a la vez que se gestiona para hacer posible y real el artículo 25 de la DUDH.
Por otro lado, y como hemos señalado anteriormente, la CE del 78 establece, mediante el artículo 47, que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, además de que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Así, la intervención o limitación del precio del alquiler no es solo un requerimiento necesario para hacer efectivos la DUDH, sino una obligación constitucional, por lo que no intervenir el precio de los alquileres sólo puede responder a una razón: estar sujeto a los intereses de los bancos y de los fondos buitres.
El pacto entre PSOE y Unidas Podemos está dejando en el olvido muchas luchas sociales y promesas electorales como la derogación de la reforma laboral o la supresión de la Ley Mordaza. No obstante, dejar en el olvido la limitación del precio del alquiler sería un error fatal por parte de Unidas Podemos porque, no sólo se abandonaría la trayectoria de Lucía Martín que fue hasta el final de la pasada legislatura la responsable de vivienda en el Congreso de Podemos y un acicate para la cartera de Fomento que dirige el ministro José Luis Ábalos, sino que también se abandonaría la razón de ser de Unidas Podemos: hacer política más allá de los intereses de las élites.
La relación entre las élites (los bancos) y los partidos del régimen es extremadamente estrecha, hasta el punto que han sido las élites las que han hecho política a través de los partidos, y el PSOE sigue siendo uno de esos partidos del régimen. Así lo demuestra su enorme deuda de más de 40 millones de euros, un compromiso cuya mayoría se distribuye entre Santander, CaixaBank, Unicaja y BBVA, haciendo del PSOE la formación política que más dinero debe a los bancos. De ahí que cuando el PSOE se opone a la limitación del precio del alquiler, en realidad está representado a los bancos y no a sus votantes. Estos motivos deberían hacer dudar a Unidas Podemos, motivo por el cual la limitación del precio del alquiler debería ser una de las líneas rojas de Unidas Podemos para pactar un gobierno con el PSOE. De lo contrario, Unidas Podemos no sólo sería un fracaso para su electorado, sino que dejaría de ser necesario en el debate político del estado español, motivo por el cual su razón de ser dejaría de tener validez, iniciando así el proceso a su autodestrucción.
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