La izquierda española cruje ante la represión en Catalunya: ¿asumir la sentencia o enfrentarla en las calles?

1. ¿Asumir la sentencia o enfrentarla en las calles?

“Todo el mundo tendrá que respetar la ley y asumir la sentencia”. Estas fueron las primeras palabras de Pablo Iglesias apenas conocida la infame sentencia del juicio al Procés, que vulnera las más elementales libertades democráticas. “Los jueces han hecho su trabajo y la policía está haciendo lo mismo”, declaró Íñigo Errejón este lunes, profundizando en la misma línea. En este punto, no hay diferencias en entre los fundadores de Podemos.

¿Asumir la sentencia y respetar la Ley? ¿Por qué motivo? ¿Consideran que es una sentencia justa condenar a 13 años de cárcel a los presos políticos catalanes? Y si no lo es, ¿entonces por qué “asumirla” en vez de exigir una amnistía y luchar por la libertad de los presos mediante la movilización social? ¿Porque ha sido dictada por el Tribunal Supremo y hay que “respetar” todos sus fallos? Parece que olvidan que se trata del mismo Tribunal que se formó incorporando jueces provenientes del Tribunal de Orden Público del franquismo y que, junto a la Audiencia Nacional, ha prohibido hasta ahora el juzgamiento en España a los crímenes de la dictadura. ¿También tenemos que “asumir” y “respetar” esas decisiones?

Pablo Iglesias ha hablado este martes con Pedro Sánchez sobre la posibilidad de un indulto a los líderes independentistas. “En este país, se indultó a Armada; el Tribunal Supremo pidió el indulto para Tejero; se indultó a Barrionuevo y a Vera, después de haber pasado solamente dos meses en prisión por terrorismo de Estado y por el secuestro de Segundo Marey. Y, por cierto, fueron condenados a menos años que Oriol Junqueras”, ha afirmado Iglesias en una entrevista con eldiario.es.

Pero esos ejemplos no los ha enumerado para demostrar el carácter reaccionario y de clase de la justicia española, sino para justificar la clave de un posible indulto, que en sus palabras no implicaría “cuestionar los fundamentos de derecho de las sentencias ni los hechos que se han producido, sino atender a elementos de interés general y concordia”. Con la misma lógica se impuso la reaccionaria Ley de Amnistía de 1977 que impidió juzgar los crímenes del franquismo o los indultos que dejaron libres a los militares genocidas en Argentina.

Al contrario de lo que sostiene Iglesias, si la ley y el aparato judicial actúan vulnerando las libertades democráticas, la libertad de expresión y de manifestación, y con penas absolutamente desproporcionadas para los cargos que la misma sentencia atribuye, entonces habrá que cuestionar las leyes y los mecanismos judiciales represivos de esta democracia liberal, no llamar a “respetarlos” ni apelar a indultos con el fundamento de la “concordia” y la “democracia”.

Varios juristas han señalado, además, que la sentencia se basa en la aplicación del “derecho penal del enemigo”, sentando el precedente de convertir en “sedición” cualquier manifestación masiva que vaya contra medidas judiciales o leyes del Estado. Una manifestación que pretenda frenar un desahucio, cortar una autopista, ocupar una fábrica o protestar contra recortes en servicios públicos, por lo tanto, podrá ser considerada un acto de “sedición”. ¿Tenemos que “asumir” y “respetar” esas sentencias? Para ser mínimamente democrática, la izquierda española debería partir de una idea elemental: no acatar sentencias injustas, exigir la libertad de los presos políticos y la amnistía, y convocar movilizaciones con este objetivo.

2. ¿Con la juventud que lucha en las calles o con el Estado policial?

“Una manifestación de miles de personas que es síntoma del problema político de fondo. Por otro lado, decenas de violentos quemando cosas para regocijo de las derechas reaccionarias que no quieren soluciones sino los votos de exaltados. Los provocadores se necesitan mutuamente”, aseguraba en su cuenta de Twitter el pasado 18 de octubre Alberto Garzón, coordinador general de IU, haciendo gala de equidistancia entre “dos demonios”.

“Alberto, sólo hay dos explicaciones a que digas eso: A. No confías en España y crees que todos tus votantes se han dejado arrastrar por la visión facha. B. Realmente ves las cosas como Marlaska. Ambas son lamentables viniendo de ti”, le respondía por la misma red el periodista y activista Hibai Arbide Aza.

En el mismo sentido había entrado en la polémica, y muy crudamente, el periodista Jonathan Martínez: “Incluso con nuestra limitada capacidad somos capaces de entender que violencia es encerrar cien años a nueve personas inocentes, tumbar puertas de madrugada, soltar nazis de cacería y arrancar ojos de manifestantes. No hay un puto contenedor en Barcelona que pague tanta infamia”, aseguraba.

Garzón se defendía entonces con otra pregunta: “¿crees que la violencia de esas decenas de personas apoya las legítimas y acertadas quejas sobre la sentencia o por el contrario las perjudica y es un regalo a los reaccionarios?”. Ante lo cual Martínez contestaba: “Si pones el foco de la violencia en unos disturbios equiparables a los de Gamonal, la marcha negra de mineros, las marchas de la dignidad, astilleros de Cádiz o Rodea el Congreso no solo no hablamos la misma lengua, sino que me lleva a preguntarme qué bando has elegido.”

Garzón cerraba el debate diciendo: “siempre dejo de conversar cuando me colocan arbitrariamente en un bando, el malo supongo, de un esquema dicotómico. No es muy productivo.”

Pero el “esquema dicotómico” que tanto molesta a Garzón no es un problema del debate, es una realidad palpable y se llama lucha de clases. Miles de manifestantes están siendo reprimidos en Catalunya; mientras en una semana se producen más de 600 heridos, más de 200 detenidos y 31 personas son detenidas en prisión preventiva; mientras el Estado moviliza miles de policías, guardias civiles y hasta tanquetas; mientras la represión tiene lugar incluso en Madrid, donde la UIP ha cargado contra las dos movilizaciones de apoyo a Catalunya de la pasada semana, deteniendo a 15 personas. Mientras sucede todo esto, no se puede ser “equidistante” y condenar los “excesos” de ambos lados. Porque de un lado está la represión organizada por las fuerzas represivas del Estado, y del otro, manifestantes muy jóvenes, cabreados (no sólo con el Gobierno español, también con sus propios gobernantes en Catalunya), que solo se defienden de una violencia brutal por parte de la policía (no sólo de la Nacional, sino también de los Mossos).

Siguiendo el esquema (no) dicotómico que defiende el Coordinador general de IU, entonces en Chile habría que “condenar” a los cientos de miles de manifestantes que se movilizan con rabia contra el gobierno de Piñera, que ha sacado el ejército a las calles y como en la dictadura está asesinando y torturando ciudadanos en estos mismos momentos. Deberíamos “condenar” también a los jóvenes, campesinos e indígenas de Ecuador, que expresaron su cabreo en las calles, logrando paralizar el plan del FMI para aumentar el precio de los combustibles.

Resulta vergonzoso que alguien que ha escrito un libro titulado “Por qué soy comunista”, tenga razonamientos tan dignos de un liberal. Pero Garzón no está solo en estas definiciones. Hace unos días Pablo Iglesias saludaba que las fuerzas de la policía nacional y los Mossos estén actuando “coordinadamente”. Lo mismo Errejón. Una clara toma de posición del lado de los aparatos del “orden” del Estado, que se impone a golpes de porras y pelotazos de goma en las calles catalanas.

3. ¿En defensa del derecho a decidir o del Régimen monárquico?

La cuestión nacional catalana ha sido y sigue siendo uno de los núcleos centrales de la “crisis orgánica” del Régimen español. El resurgimiento de un masivo movimiento por el derecho de autodeterminación, el referéndum del 1-O (y la huelga del 3-O) de 2017, ha sido la afrenta más importante al Régimen del 78 y la Corona desde la Transición.

Los partidos históricos de la burguesía y pequeñoburguesía catalanas se pusieron a la cabeza del movimiento, primero para forzar una renegociación del pacto autonómico, después para evitar que tomara un curso independiente. Pero a pesar de que el objetivo de esta dirección no pretendía ir más allá de un “acto simbólico”, como quedó claro en su retroceso el día después de la proclamación de la república, como era de esperarse el Régimen español reaccionó con dureza (brutal represión, discurso de Felipe VI, artículo 155, prisión y ahora sentencia contra los líderes independentistas) en defensa de la sagrada “unidad de España”. Así, el fenómeno político y social del independentismo catalán se siguió ampliando con un fuerte rechazo al Estado monárquico español y su represión, sobre todo entre sectores de la juventud, que el 1-O vieron cómo la policía golpeaba brutalmente a personas mayores, a sus padres, profesores y abuelos en las escuelas durante el referéndum. Y hoy vuelven a golpearlos a ellos por reclamar la libertad de los presos políticos.

Durante toda esta crisis, Unidos Podemos se ubicó en una asombrosa posición de equidistancia entre el movimiento democrático catalán y la represión del Estado, oponiendo al referéndum del 1-O un imposible referéndum pactado con el mismo Estado que niega, a base de represión y cárcel, el derecho a decidir de Catalunya.

Aunque su adaptación al régimen ha dado un salto cualitativo, su posición actual es la consecuencia lógica de la misma estrategia: la confianza en que es posible una suerte de “regeneración democrática” del régimen español desde adentro, mediante un nuevo pacto con sus mismos actores e instituciones. Por ello Unidas Podemos se ha desvivido por intentar gobernar con el PSOE. Hasta ha llegado a pedir la mediación de Felipe VI para que hubiera un “gobierno de coalición”. Esto deberían recordarlo quienes impugnan el movimiento democrático catalán, equiparándolo con el carácter burgués y pequeñoburgués de las direcciones del procesisme. En Catalunya no se trata de apoyar a las direcciones del procés, sino, al contrario, desarrollar un movimiento democrático, obrero y popular, independiente de todas las fracciones de la burguesía catalana. De igual forma, en el resto del Estado español sería necesario desarrollar un movimiento de lucha antimonárquico y contra el régimen, independiente de todos los actores políticos que son su sostén, como el PSOE. ¡Y no buscar un gobierno de coalición con ellos!

La izquierda institucional española está formateada por el relato (y el contenido) del pacto de la Transición que dio lugar al Régimen actual. Así, en nombre de la “regeneración democrática” en abstracto –la democracia liberal, recordemos a Lenin, es la “mejor envoltura de la dictadura del capital”- se ha transformado en la última trinchera de defensa de la institucionalidad del 78.

Como dice Isabel Benítez en un muy buen artículo publicado en El Salto, “en el conjunto del Estado español se ha agudizado la disyuntiva de la reforma o la ruptura. Respectivamente: apostar por “regenerar” el Régimen del 78 apuntalando la integridad territorial de España y la monarquía como garantes de la seguridad jurídica del Ibex35; o bien reforzar el frente de ruptura, realmente existente, en la grieta abierta en torno al derecho de autodeterminación, la república y un modelo económico y social al servicio de las necesidades de la población.”

Ante este escenario, la bancarrota del neorreformismo abre un espacio para desarrollar una hipótesis política alternativa, que apueste por la ruptura, es decir, por una salida de clase, anticapitalista y revolucionaria. Y avanzar en ese camino presupone, en primer lugar, la condena de la represión, la exigencia de la amnistía a los presos políticos y la defensa irrestricta del derecho a la autodeterminación del pueblo de Catalunya frente a la ofensiva reaccionaria del régimen monárquico español.

Nada de esto puede conquistarse en los marcos de la democracia imperialista española. NI tampoco apelando a los buenos oficios de la diplomacia europea o una mediación internacional. Es necesario imponerlo mediante la lucha de clases.

Una izquierda que merezca ese nombre hoy en el Estado español tiene que levantar bien alto en su programa el llamado a abrir procesos constituyentes libres y soberanos en España y todas las nacionalidades históricas en las que pueda decidirse todo, como reclamaban los referendos universitarios sobre la monarquía.