¿Todavía hay jueces en Madrid? (Por P. Iglesias)

 


Cuando estudiaba derecho, en clase nos contaban la leyenda del poderoso emperador Federico el Grande de Prusia y un humilde molinero. Dice la leyenda que el molino afeaba las vistas del palacio del emperador, que quiso comprarle el molino al molinero. Pero el molinero, amablemente, rechazó la oferta. Contrariado, Frederic amenazó con derribarlo sin contemplaciones, y el molinero le respondió que, en este caso, se vería obligado a denunciarlo. El emperador le preguntó cómo alguien de tan baja condición atrevería a desafiar con un pleito. El molinero contestó: porque todavía hay jueces en Berlín.

La leyenda servía para que los estudiantes entendiéramos no sólo que el derecho es igual para todos, sino que su función es también la de proteger a los débiles de los abusos de los poderosos. Y este es, básicamente, el fundamento de la independencia judicial.

Hay que reformar el sistema de elección de vocales del CGPJ para acabar de una vez con el bloqueo

Se suele argüir que el problema de la independencia judicial en España deriva de que los vocales del CGPJ son elegidos en el Parlamento. Es falso. El sistema de elección puede tener defectos, pero no hay nada que asegure que un sistema de elección que diera todo el poder a las asociaciones de jueces tendría mejores resultados en términos de independencia. Hay quien señala que el carácter tradicionalmente conservador de la judicatura respecto a la sociedad se ve compensado cuando en la elección participan los representantes de la soberanía popular (eligiendo de una lista que supervisa el propio CGPJ). No olvidemos que algunos de los que hoy se consideran grandes avances sociales, como el divorcio, el matrimonio igualitario o la legislación con perspectiva de género, encontraron grandes resistencias en amplios sectores de la magistratura. Pero Locke dio el mejor argumento: los jueces debían ser simplemente "la voz de la ley" que expresa la soberanía popular. Este principio liberal sigue generando, como decimos, resistencias en ciertas élites del poder judicial. Lo vimos en el dictamen del CGPJ contra la ley de libertad sexual, conocida comoley sólo sí es sí , que traducía por fin en norma una voluntad social ampliamente mostrada respecto a casos de violación que no eran castigados como tales.

Sin embargo, el verdadero problema de la independencia judicial en España no es tampoco el carácter conservador de buena parte de la judicatura. El problema de la independencia judicial en España se llama Partido Popular y no se trata, ni mucho menos, de un problema reciente. Cuando Ignacio Cosidó, ex director de la Policía Nacional y en aquel tiempo senador del PP, escribió un famoso whatsapp a su bancada celebrando un acuerdo para la renovación del CGPJ en el que decía que, gracias al juez Marchena, controlarían la sala segunda del Tribunal Supremo, estaba reconociendo el modus operandide su partido. En el PP siempre han sabido que su existencia política dependía del control del gobierno de los jueces y, desde hace demasiado tiempo, para conseguirlo han diseñado una estrategia que combina bloqueos, imposición de jueces afines al partido y presiones innobles. Después de todo, salir bien parados de su endémica corrupción ha dependido básicamente de colocar sus piezas en posiciones jurisdiccionales estratégicas. La conversación telefónica grabada por la policía entre Ignacio González y Zaplana, en la que hablan de volver a llevar a la Audiencia Nacional el juez García-Castellón, es otro ejemplo. Muchos han recordado estos días aquella conversación, visto el cierre de la investigación sobre la trama Kitchen que ha decidido García-Castellón, que ha librado una vez más Rajoy y Cospedal de rendir cuentas. El escrito de apelación de la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del juez es demoledor, pero, como era de esperar, no ha generado gran interés en los medios conservadores. Con todo, ya pesar del PP, el derecho es el derecho y los jueces son jueces, y aunque con todo a su favor, importantes dirigentes de la derecha han acabado entre rejas por corruptos. Pero imagínense como habría ido la historia en caso de que el PP no hubiera podido controlar, por detrás como decía Cosidó, ciertos jueces.

Si algo convencería Casado que le conviene participar en la renovación de Consejo, es imaginarla como resultado de un acuerdo de las fuerzas políticas que aseguran la legislatura

Como ha demostrado Ignacio Escolar en varias investigaciones periodísticas, los vínculos con el PP de vocales de Consejo y de jueces del Supremo son sencillamente obscenos. Pero esta obscenidad llega a límites delirantes cuando hablamos de Carlos Lesmes. Este mismo periodista explica que Lesmes es, básicamente, un producto del PP, no tanto por haber sido director general varias veces con Aznar y subordinado ni más ni menos que de Rafael Catalá, sino por el papel que desempeñó, como detalla el mencionado periodista , a la hora de apartar colegas incómodas (Ruz, de Prada ...) que investigaban la corrupción del PP.

Ante la impresentable situación actual, de más de mil días de ocupación ilegítima del CGPJ, donde muchos ven una evidente connivencia entre un PP que bloquea con excusas cambiantes y un presidente de Consejo que ha seguido haciendo nombramientos que no molestan al PP, cabe preguntarse qué se puede hacer. Pensar, a estas alturas, que se puede conseguir un acuerdo con el PP para renovar el Consejo es, en mi opinión, ingenuo. Casado no tiene el más mínimo incentivo para cumplir esta Constitución en la que tanto se escuda para atacar a sus adversarios. Por eso hay que reformar el sistema de elección de vocales para terminar, de una vez, con el bloqueo. Algunos juristas razonan que se podría mantener la mayoría de 3/5 para una primera votación, pero, en caso de que no se consiguiera esta mayoría, establecer para una eventual segunda votación una combinación de

Les aseguro una cosa: si algo convencería Casado que le conviene participar en la renovación de Consejo, es imaginarla como resultado de un acuerdo de las fuerzas políticas que aseguran la legislatura. Básicamente porque se les acabaría el chollo de controlar "por detrás" los jueces.

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Pablo Iglesias es doctor en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid, ex secretario general de Podemos y ex vicepresidente segundo del gobierno central

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